martes, 8 octubre de 2024

El Tercer Ojo

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Santa Cruz: Ministros proponen fijar en 30 días la fecha del Censo mediante trabajo técnico

Tras el fracaso del diálogo, la autoridad entregó la propuesta del Gobierno al rector de la Uagrm y establece que la fecha se dará con un trabajo dirigido por el INE

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció en conferencia de prensa que se entregó al líder del Comité interinstitucional y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, una propuesta donde el Gobierno formula que en un plazo no mayor a 30 días se tenga una fecha para ejecutar el Censo de Población y Vivienda.

Según Prada, esta propuesta establece que el empadronamiento será ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en una fecha que sea determinada producto de un trabajo técnico que estará dirigido por dicho ente estatal y con la participación de universidades públicas y organismos internacionales acreditados con un límite de 30 días.

La proposición de este nuevo decreto supremo fue entregada después de que fracasara el diálogo instalado este sábado en la capital cruceña, mientras se desarrollaba la primera jornada de paro indefinido.

“Propusimos que la fecha del Censo se trabaje a partir de mesas técnicas para que se sustenten también técnicamente las propuestas de cada uno de los participantes presentes en la reunión”, expuso Prada tras desahuciar el planteamiento que fue entregado por el Comité interinstitucional.

¿Qué propuso la institucionalidad cruceña? En medio del diálogo, los representantes encabezados por Vicente Cuéllar pusieron sobre la mesa el borrador de un nuevo decreto supremo para que se pueda fijar la fecha del Censo en 2023 y que abrogue el decreto vigente, el 4760, donde el Gobierno determina que el epicentro del proceso censal debe darse como límite entre los meses de mayo y junio de 2024.

A esto se suma que el segundo vicepresidente cívico Stello Cochamanidis denunció que los profesionales técnicos designados por las entidades cruceñas no ingresaron a la reunión.

Cochamanidis sostuvo que se envió un listado de los asistentes, por un tema de protocolo, pero a última hora los personeros del Gobierno “mermaron la lista” y no les permitieron el ingreso a las oficinas de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon), donde se llevó adelante la reunión.

La ministra Prada reiteró que hay una vocación de diálogo y la construcción de un censo a partir de criterios técnicos y con la voluntad de generar la construcción de consensos.

Por su parte, el vocero presidencial Jorge Richter señaló que no se convocó a una reunión para reprochar cosas que se hicieron o no, sino en avanzar en la búsqueda de soluciones, tras un intercambio de acusaciones entre los integrantes del Comité y las autoridades nacionales sobre el porqué se tuvo que llegar hasta este momento para conversar sobre el proceso censal y sobre las razones que motivaron a reprogramas esa labor hasta el 2024.

Y es que cada uno de los oradores hizo mención a las cosas que se hicieron de forma equivocada de ambos lados y también a aquellas que se omitieron para llevar adelante el diálogo y el proceso censal.

Por ejemplo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó al gobernador Luis Fernando Camacho su inasistencia a la reunión el Consejo Nacional de Autonomías del 12 de julio de este año, donde se definió reprogramar entre ocho gobernadores el Censo para el 2024.

En tanto, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, dijo que el INE no contestó a varias de las solicitudes de información que hizo el Comité interinstitucional.

En su intervención el técnico y abogado constitucionalista José Luis Santistevan resaltó que en Santa Cruz se realizaron 12 reuniones del comité interinstitucional, tres cumbres interinstitucionales, un cabildo, dos paros y varias marchas. “Después de eso recién estamos siendo escuchados. No hubiera habido paros o un muerto si se hubiera abrogado el decreto 4760, esa responsabilidad es del Gobierno”, concluyó.

Fuente/unitel.bo

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