Marvin Molina fue grabado en una reunión con un diputado y dirigentes masistas de Potosí, en la que pidió la unión de las facciones de ese partido, para ganar las elecciones judiciales y así controlar el TSJ y TCP.
En un audio atribuido al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, se revela que esa autoridad llamó a legisladores y dirigentes del MAS para pedirles que sugieran nombres de abogados afines a ese partido para designarlos como jueces. Asimismo, pidió la “unión” de las dos facciones masistas (evistas y renovadores) para afrontar las elecciones judiciales de 2023 con el fin de controlar el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
“La siguiente elección son las judiciales y ahí tenemos que ir unidos, porque esta vez la derecha va a participar de las elecciones. Primero veremos cuál es la actitud de la derecha en la Asamblea. Creo que ellos ya son conscientes de que haciéndose a un lado y apostando al voto nulo no ganan nada; entonces, van a empezar a perforarnos, entonces tenemos que ir unidos”, dice Marvin Molina en parte de un audio al que tuvo acceso Página Siete.
Una autoridad del Consejo de la Magistratura confirmó a este medio la veracidad del audio y que en dicha reunión participaron al menos cuatro dirigentes de organizaciones sociales del MAS y un diputado representante de Potosí. Este medio tuvo acceso a parte de esa extensa conversación de más de una hora, que incluso se dio en idioma quechua y se produjo en Sucre en meses pasados, según confirmó la misma fuente.
“En Potosí, yo he calculado: vamos a sacar (controlar) el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el tema del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) también los vamos a sacar (ganar); eso ya lo vamos a estructurar a su tiempo, pero ya hay que empezar a cohesionar. A mí me preocupa un poquito que estemos muy divididos. Entonces las dos facciones que tienen ahorita (en el MAS) ojalá podamos unirnos para eso”, aseveró Molina en la misma reunión.
La pasada semana, Página Siete llamó al magistrado Molina, quien dio un comentario escueto. Este medio consultó además a la Unidad de Comunicación para obtener su contraparte, pero no hubo respuesta. La fuente oficial del Consejo de la Magistratura señaló que esperarán la publicación de esta nota para analizar una posible respuesta.
Llamadas
Los datos proporcionados a este medio señalan que la reunión fue parte de una campaña nacional de articulación para la designación de jueces en el país.
“(En Villazón) al diputado lo he llamado, al profesor Farfán le he dicho: ‘cómo está, compañero, por favor recomiéndenos algo’, ‘cómo no’. Al diputado titular, al suplente (llamé). En Tupiza (llamé) al titular, en Cotagaita a la compañera, ‘por favor (recomienden)’. En Betanzos lo mismo”, explicó Molina a sus interlocutores.
Señaló que el único punto del departamento donde no se tenía representación parlamentaria del MAS era en la capital, Potosí. Pero uno de los presentes le señaló que ahí se tenía como legisladora a una diputada supraestatal. “Es amiga mía, incluso a ella la hemos llamado. Prácticamente, al Hilarión, a la Ana María, al Pedrito, a toditos los he llamado. Yo los he llamado, no he esperado a que me llamen, igual a los compañeros dirigentes, no me agarré absolutamente nada y así va a seguir siendo”, afirmó el magistrado.
De suplente a presidente
El 28 de julio de 2021, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz notificó al entonces presidente de la Magistratura, Omar Michel, con una resolución de “acción de cumplimento” Nº 150/2021, por medio de la cual se le conminaba a destituir de sus funciones a los otros dos miembros de esta instancia, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, y convocar a los magistrados suplentes elegidos por voto popular en las elecciones judiciales de 2017.
En este caso las suplencias le correspondían a Marvin Molina Casanova, natural de Cotagaita, Potosí, y a Mirtha Gaby Meneses Gómez, de Cochabamba. Gómez y Alcón fueron destituidos de sus cargos debido a una denuncia de nepotismo interpuesta por el Servicio Plurinacional de Atención a Víctimas (Sepdavi) dependiente del ministro de Justicia, Iván Lima, debido a que los exmagistrados incurrieron en supuesto nepotismo al tener a familiares trabajando bajo su dependencia.
Luego de que el TCP ratificó el fallo de destitución de ambos, en enero de 2022, cumpliendo la rotación de mando, Molina asumió la presidencia de la Magistratura y Meneses la decanatura. El 20 de septiembre de este año, en una entrevista a la revista Tribunales de Correo del Sur, Molina denunció que además de los cuestionamientos a la elección de las máximas autoridades judiciales, existen normas que permiten el “pasanaku del poder” al interior de los tribunales departamentales de justicia, donde el “personal de apoyo” no es elegido por méritos, sino por “compadrerío”, por “peguismo”.
“El concepto general es que venden estas pegas o las negocian o tienen otros mecanismos de selección que en ningún caso es el mérito. Cuando nosotros ingresamos al cargo, presentamos, sala plena por sala plena, un proyecto denominado ‘el premio al mérito’. Hubo actas, compromisos, pero hasta el día de hoy no lo han hecho. Esto genera acefalías y el no uso de recursos económicos”, aseveró.
En el mismo artículo, Molina afirmó que, en el caso de la elección de jueces se contraponen la idoneidad y la legalidad. Explicó que un postulante puede tener varias denuncias, pero por respeto a la presunción de inocencia y mientras no tenga una sentencia ejecutoriada, éste puede participar en las convocatorias y ganar el cargo, frente a aspirantes con menos experiencia, pero con una hoja de vida blanca.
“Muchos de los que se postulan no son idóneos, no son legítimos, pero son legales; entonces eso hace que no siempre se designe a los mejores, ésa es la verdad”, afirmó.
Prebenda dirigencial
Sobre ese punto, en el audio se tiene que un presunto funcionario de Derechos Reales de Oruro, de nombre Osmar, pide a Molina ser favorecido en la selección a juez conciliador, pese a no tener la calificación suficiente para ello. El magistrado se comprometió a revisar su caso.
“Doctor, aquí, acompañado de mi tata autoridad y de mi diputado nacional, mi persona es de Llallagua, de Norte Potosí; por razones de estudio me fui al departamento de Oruro. Actualmente estoy a cargo de Derechos Reales, su persona me colaboró (en la designación)”, inició su intervención Osmar.
“Me he postulado a (cargo de jueces) conciliadores, estoy habilitado, si no me equivoco sólo hay 17 personas habilitadas, estoy calificado, evidentemente no con una buena nota, pero no sé si habría una posibilidad (de ser designado) por su intermedio, yo no le haré quedar mal. Soy de la línea, mis papás, mi familia entera. Nosotros siempre colaboramos sábado y domingo con mis autoridades en los congresos y los ampliados”, solicitó Osmar a Molina.
En el mismo audio, Molina relató que antes de que él asuma la presidencia de la Magistratura, las “pegas” del personal de apoyo judicial y cargos de jueces eran monopolizados por abogados de Chuquisaca, que incluso llegaban a ser jueces en Potosí. Dijo que esto fue revertido por él y que ahora se reivindicó a los profesionales potosinos en la Magistratura.
Sin independencia
Internacional Durante la 77ª sesión de Naciones Unidas, el presidente Luis Arce negó que en Bolivia exista “algún tipo de supeditación de la justicia” al poder político.
Expertos Sin embargo el GIEI Bolivia, Human Rights Watch (HRW), el Comité Contra la Tortura y el informe de la Relatoría especial sobre Independencia de magistrados de la ONU contradicen a Arce. “Para Luis Arce todos están equivocados. Mágicamente, sin que haya cumplido su promesa de una reforma estructural, ahora la justicia es imparcial y no se pliega a intereses”, dijo el investigador César Muñoz, de la HRW.
Fuente/paginasiete.bo
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