Aguilar teme por su vida y la de su hija porque sospecha que en cualquier momento su expareja recobrará su libertad y buscará venganza.
Desde hace dos años que la Micaela Aguilar deambula en los juzgados y la Fiscalía en busca de justicia y temiendo por su vida porque los procesos contra su exesposo, un militar del Ejército, no avanzan. “Yo sé que la siguiente voy a ser yo”, dice la mujer con una voz entrecortada de impotencia y rabia contra el accionar fiscal.
El militar procesado, de nombre José Daniel Q. C., actualmente está con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, sobre él pesan denuncias de tentativa de feminicidio, violencia familiar o doméstica; violencia psicológica y física, y robo de vehículo.
“Yo temo por mi vida, ya ha hecho desaparecer mi auto y yo sé que la siguiente voy a ser yo, quién va responder por mi hija, quien va a velar por mi hija, tiene tres años”, denunció preocupada.
En contra de su expareja interpuso cuatro denuncias, pero en los casos de tentativa de feminicidio y violencia familiar o doméstica la fiscal determinó el sobreseimiento; en cambio los casos de violencia física y psicológica y robo de vehículo siguen abiertos. Aunque ella cree que la Fiscalía no valoró las pruebas.
Aguilar relató que, en agosto de 2021, su marido intentó llevarse el vehículo que adquirieron durante su matrimonio, pero ella no se lo permitió, entonces esa resistencia desencadenó en una brutal golpiza contra ella que terminó con su internación en terapia intensiva en el Hospital Cossmil.
“El año pasado, el 2 de agosto, me ha agredido a mí en la carretera La Paz-Achacachi dentro de mi vehículo, yo he perdido el conocimiento y después de siete días he despertado en terapia intensiva del Hospital Cossmil. Me ha golpeado hasta dejarme en terapia intensiva, ha intentado en ese entonces hacer desaparecer el auto”, contó la situación por la que atravesó.
En esa ocasión, sus familiares presionaron a su expareja hasta que habló “dónde estaba el auto y me ha pegado otra vez. Por eso está en la cárcel, por todas las veces que me ha agredido, la peor fue cuando me dejó en terapia intensiva”, recordó.
La víctima cuestionó el accionar de la fiscal Susana Eduarda Pérez porque pese a la existencia de pruebas en el caso de intento de feminicidio, determinó dictar sobreseimiento contra el denunciado. No solo eso, según Aguilar, influyó contra su colega fiscal Víctor Fuentes Nogales para que también determine sobreseimiento contra el militar en el caso por violencia familiar o doméstica.
Es por eso que Aguilar teme que en cualquier momento su exmarido recupere su liberad y busque venganza contra ella por iniciarle procesos.
“Este doctor (Fuentes) a pesar de que un lunes de agosto pide detención preventiva para este señor (militar), el miércoles saca sobreseimiento de la nada, habiendo pruebas, habiendo confabulado con la otra fiscal (Pérez)”, cuestionó.
Aguilar denunció ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia las determinaciones de ambos fiscales. Según sus declaraciones, ambas instancias “acepan que la Fiscalía cometido un error, aceptan que esto ha sido arbitrario a favor del imputado”.
Sospecha que hubo algún tipo de influencia de su expareja hacia los fiscales porque su familia forma parte de las Fuerzas Armadas.
El acusado tiene tendencia narcisista y la víctima estrés postraumático
Dentro del caso de violencia familiar o doméstica, la Fiscalía solicitó al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas una pericia psicológica al sindicado. En la parte conclusiva del informe, al que accedió ANF, señala que el sujeto procesado denota ser agresivo verbalmente y tiene tendencia a irritarse fácilmente, tiene tendencia narcisista, deseo de poder físico y algunas tendencias agresivas.
La víctima también fue sometida a pericia psicológica. El informe establece que la denunciante presenta “depresión moderada, ansiedad grave, junto con recuerdos de los acontecimientos traumáticos de violencia vividos el cual es producto de los niveles altos de estrés postraumático, juntamente con síntomas fisiológicos como ser la falta de sueño, ansiedad y falta de apetito”.
Ministerio de Defensa desconoce el caso
La Agencia de Noticias Fides se contactó con la Dirección de Derechos Humanos para conocer la situación del militar, tras una reunión con funcionarios de esa cartera de Estado, la semana pasada, se comprometieron a ofrecer información este martes sin embargo, pese a las llamadas que se hicieron no respondieron.
Según la denunciante, el militar continúa gozando de todos los privilegios como si no existieran los procesos penales por varios delitos. “Él sigue percibiendo su sueldo, sigue como cualquier otro militar. No le han hecho nada hasta ahora, sigue con todos los privilegios que no debería tener. Incluso cuenta con un celular ahí adentro (de la cárcel)”, aseveró Aguilar.
Hasta la publicación de esta nota, quien se comprometió a averiguar el estado del caso al interior de la institución castrense no respondió a los mensajes ni a las llamadas de teléfono.
Fuente/ANF/noticiasfides.com
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