El expresidente Evo Morales busca eludir su responsabilidad y acusa al Gobierno de Arce de una tramoya contra él, y olvida que en conferencia de prensa admitió que había dado la orden contra una supuesta célula irregular.
Tras conocerse un informe confidencial de ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, caso conocido como “terrorismo”, el expresidente Evo Morales busca eludir su responsabilidad y acusa al Gobierno de Arce de una tramoya contra él, y olvida que en conferencia de prensa refirió que había dado la orden contra una supuesta célula irregular.
El proceso que radica en estrados internacionales refiere tres recomendaciones, una de ellas es “iniciar una investigación penal y dar con los responsables” en Bolivia, caso contrario será considerado por la CIDH.
“Denuncio ante mi pueblo y militancia del MAS-IPSP que operadores del plan negro, al ver que fracasó investigación y acusación con cartas falsificadas para proscribir al MASIPSP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar caso de Terrorismo separatista en nuestra contra”, tuiteó el exmandatario.
Mediante una secuencia, Morales señala que no tiene miedo, pero asegura que “algunos tratan de concluir el trabajo sucio de (Arturo) Murillo para intentar involucrarnos”, además de indicar que la justicia está instrumentalizada con fines políticos.
Tarda, pero llega
Abogados cuestionan los argumentos esgrimidos por Morales para evadir la justicia, pues no se trata de un proceso interno, toda vez que fue una investigación de una entidad internacional, en la que no se puede tener una injerencia.
“Esto es un asunto que no está bajo el fuero del control del Gobierno boliviano, esto ha pasado por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Franklin Pareja en contacto con Panamericana.
Agregó que hay cuatro recomendaciones que no pueden ser “soslayadas” (evitar) por el Gobierno y que las investigaciones realizadas por la comisión datan de algo más de 10 años, periodo en que se evidenció que las personas acusadas de supuesto terrorismo fueron “acribilladas” y que no se respetaron en absoluto sus derechos.
Procuraduría
El abogado Gary Prado manifestó que el informe confidencial de la CIDH fue comunicado a la Procuraduría General del Estado en diciembre de 2021. Corresponde a cinco víctimas y que irán llegando otras admitidas por la entidad internacional. De las cuatro recomendaciones, tres son fundamentales, entre ellas “una investigación penal”, es decir, llevar a juicio a los responsables de violaciones contra los derechos humanos.
“Le voy a hacer una lista de las personas que son responsables de esta violación a los DDHH, a la vida, dignidad personal (…): Juan Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez Hugo Moldiz, Jorge Pérez, Carlos Romero, en el ámbito del Órgano Ejecutivo”, afirmó en contacto con la emisora, además de indicar que hay responsables en el Judicial, como la exjueza, ahora diputada, Betty Yañiquez. Filtración Prado dijo que el informe era confidencial en que conocían los abogados de las personas que formularon la petición y el Procurador General.
“El abogado no lo ha hecho público, porque es respetuoso de la confidencialidad, además que hay un proceso de conciliación que al hacerlo público es difícil. (…) Alguien de la Procuraduría lo ha hecho público, la guerra interna entre masistas ha provocado que el Procurador sea puesto en la mira”, indicó. En todo caso, las recomendaciones son ineludibles para el Gobierno.
Proceso archivado después de 10 años
En diciembre de 2019, el Ministerio Público presentó cargos formales contra 39 personas presuntamente implicadas en el “terrorismo separatista”, entre los que figuraban políticos y empresarios cruceños. En 10 años de investigación, el Ministerio Público no logró probar que hubo actos terroristas o actos separatistas por parte de los ciudadanos extranjeros que murieron acribillados. Pero fue hasta febrero de 20202 que la justicia absolvió de culpa a los 39 acusados del caso Terrorismo, después de que la Fiscalía retirara su acusación cerrando así 11 años de juicio contra personas opositoras al gobierno de Evo Morales.
Después de 12 años, la CIDH emite informe
Más de 11 años esperó la defensa de Michael Dwyer (abatido junto a Eduardo Rózsa y Arpad Magyarosi), además de Mario Tádic y Elöd Toásó, para que salga el “informe de fondo de las ejecuciones extrajudiciales” del caso Las Américas. El 16 de abril de 2009, se realizó un operativo presumiblemente contra una célula terrorista que buscaba el separatismo de Bolivia.
Tras este evento, el 21 de septiembre de 2009, Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer, en representación de Mario Tádic Astorga y otros, planteó el “derecho de petición” ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) y que tardó nueve años para que el informe de admisibilidad fuera aprobado el 24 de febrero de 2018.
Desconocimiento
El Gobierno boliviano fue notificado el 4 de marzo de 2016, que, entre junio a septiembre de 2017, presentó observaciones desconociendo la jurisdicción y competencia de la CIDH para revisar sentencias pronunciadas por tribunales nacionales.
Defensora del terrorismo
Antes de ser admitida la demanda, el 4 de abril de 2018, el entonces presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, señalaba que, si la CIDH “admite la demanda del caso hotel Las Américas, entonces, la CIDH es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la Patria y enfrentar a hermanos bolivianos en 2009”.
Fuente/lostiempos.com
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