La diputada Laura Rojas, de la Bancada de Creemos, mediante Petición de Informe Escrito (PIE) solicitó al Viceministerio de Comunicación que explique y justifique sobre las cuentas de los medios estatales en redes sociales que son administradas desde el extranjero.
“La viceministra (Gabriela Alcón) tiene que explicar y justificar al país porqué las cuentas de medios estatales y del Viceministerio de Comunicación son administradas desde el extranjero. En caso de existir algún contrato de consultoría debemos conocer cuál es el objetivo y el costo”, afirmó la diputada Rojas.
En la PIE de cinco preguntas, la legisladora Rojas solicita que se informe cuál es el presupuesto para la gestión 2022 para el pago de páginas, cuentas y la administración de redes sociales de los medios estatales.
Además, cuáles son las partidas presupuestarias destinadas a este fin.
La legisladora también solicitó a la viceministra que informe en qué país fueron creadas todas las páginas y cuentas en redes sociales y quién las administra. Asimismo, cuál es el monto mensual que pagan por cada una de ellas en la presente gestión y cuáles son las funciones específicas y qué plataformas son más utilizadas para la difusión de información estatal.
Otra de las interrogantes que deben responder las autoridades del Viceministerio son de dónde procede la administración de redes sociales de Bolivia TV, Radio Patria Nueva-Radio Illimani, el periódico Ahora El Pueblo, Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia.
A esta pregunta, las autoridades deben adjuntar la lista de los administradores, así como el monto del salario que destina el Estado mensualmente y el cargo que ocupan en la institución.
Entre otra de las consultas está “si existen contratos de consultoría para la administración, publicación de información en redes sociales de todos los medios del Estado”.
Un reportaje del matutino de EL Deber revela que las cuentas de Facebook de los medios estatales, el Viceministerio de Comunicación registran administradores desde Argentina.
Las autoridades del Ejecutivo deben enviar las respuestas en un plazo de 10 días, según establece el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Redacción/etob
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