Autoridades del Gobierno Departamental y el Gobierno Regional encaran mesas de trabajo, donde también se analiza la manera de frenar la aplicación retroactiva del nuevo factor de distribución.
Mientras el departamento de Tarija se encamina a un paro cívico escalonado en rechazo al estudio técnico para actualizar el factor de distribución del campo Margarita-Huacaya, autoridades ejecutivas como legislativas buscan la manera de frenar su aplicación y revertir una pérdida millonaria para los distintos niveles de Gobierno.
En ese entendido, el asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza Peláez, explicó que mediante mesas técnicas se entabló el diálogo con la región autónoma del Gran Chaco que, según las cuentas, sufrirá una afectación de aproximadamente Bs 30 millones al año a la luz de los datos arrojados por el estudio, que dicho sea de paso ya fue aprobado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Esto va a tener una afectación al funcionamiento y al gasto público del Gobierno Departamental, los gobiernos municipales y el Gobierno Regional, el impacto es bastante grande y obviamente va a implicar que todos tengamos que ajustarnos, nos preocupa también que se quiere aplicar de manera retroactiva este factor, desde el mes de junio, eso lo ha determinado un juez en Chuquisaca y ese es uno de los temas que tenemos que evitar”, afirmó.
El legislador reconoció que la realización del estudio técnico era inevitable y que, tarde o temprano, la participación porcentual de Tarija en el campo compartido sería modificada, no obstante, señaló que esto debía haberse fundamentado y no basarse en previsiones como lo hizo la empresa consultora DeGolyer & MacNaughton, siendo ese el motivo por el cual las instituciones no están de acuerdo con los resultados.
Fuente/elperiodico.com.bo
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