Además de las consecuencias físicas graves para su salud, muchas mujeres sufren violencia y hasta abuso sexual cuando acuden a pedir ayuda a profesionales de la salud.
Con la voz entrecortada y recordando el evento traumático por el cual pasó, Marta, una joven, que recurrió dos veces a la interrupción del embarazo de manera clandestina, comenta el peso físico y psicológico que conllevó la ilegalidad de la práctica. El dolor aún se siente, y la carga emocional aún está presente. En un país donde se penaliza el aborto, no resulta fácil asistir a establecimientos médicos y peor aún tener la confianza para tejer una red de apoyo. Las consecuencias van desde las complicaciones y repercusiones de salud por el resto de su vida, mientras algunas mueren y otras tantas deben luchar contra escenarios traumáticos causados por el entorno en el que vivieron.
En Bolivia el aborto clandestino es la tercera causa de muerte materna y tiene uno de los índices más altos en la región con un 13%, es decir, 160 muertes por cada 10.000 nacidos vivos, según IPAS en 2020. Aunque no hay datos oficiales.
Marta, Lucia, Andrea, Jimena y Cinthya (psicóloga clínica), nombres cambiados para este reportaje, nos acercan a su realidad y a la de cientos de mujeres que deciden no maternar. Contextualizando la situación actual del aborto en Bolivia, se puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por ciertas causales.
Considerando la ampliación de las excepciones en 2017, las mujeres pueden acceder a la ILE en casos de reproducción asistida sin el consentimiento, la inviabilidad del feto, violación, estupro, incesto, para salvar la vida de la mujer y si la embarazada es niña o adolescente. Están inscritas en el Código Penal boliviano en el artículo 153, donde se sanciona con entre 1 y 3 años de cárcel a toda mujer que no cumple con estas causales.
Aunque en la práctica no se llegan a concretar varios de estos procedimientos y se han visto obstaculizados, entre éstos están la injerencia de terceros como la iglesia católica, la falta de conocimiento de la ley, los prejuicios, el estigma de las niñas, adolescentes y negligencia. Según datos de IPAS entre 2014 y 2019 se contabilizaron 13.000 embarazos infantiles (que se traducen como violación, según la Convención de Belém do Pará), de los cuales se realizaron solo 513 ILE en el país, mientras en el mismo lapso se registraron 54.002 abortos incompletos o hemorragias. También se enfrentan a un sistema precario. En un informe de 2020, la Defensoría del Pueblo mencionó que no se contaba con infraestructura, medicamentos y equipamiento para realizar la ILE.
En este marco, son varias las organizaciones internacionales que apoyan la legalización del aborto. La CAT en sus observaciones finales mencionaba que el personal médico se niega a suministrar atención a las mujeres embarazadas y que la legislación actual restringe estrictamente la interrupción voluntaria, causando daños y hasta la muerte. Mientras el comité de la CEDAW señala que las violaciones de la salud a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la penalización del aborto, la denegación o la postergación del aborto seguro y/o atención postaborto y la continuación forzada del embarazo son “formas de violencia por razón de género que, según circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.
La penalización del aborto presenta un panorama desolador por la desprotección del Estado y el difícil acceso a atención médica, psicológica y legal. Las mujeres se ven obligadas a asistir a lugares precarios e insalubres y exponerse a diferentes riesgos. En 2016, se estimó que se realizaron aproximadamente 59.646 abortos durante toda la gestión, lo que equivaldría a 163 abortos clandestinos por día, según IPAS. Son muchas las mujeres que optan por la intervención sin un profesional a través de medicamentos, como el Misoprostol y la Mifepristona.
Tanto Marta, Lucia, Andrea y Jimena comentan que lo hicieron por medio de estas pastillas. La fuente de acceso o información sobre el medicamento es variada; sin embargo, todas han sufrido complicaciones de salud. Fueron atendidas de urgencia para el legrado, llegando casi a perder la vida, pasando además por experiencias traumáticas, que las marcan hasta hoy.
Jimena recuerda que “estaba asustada, confundida y sola. Además, el proceso no prosperó y tuvieron que hacerme un legrado. Todo el proceso fue traumático.”
Abraham Escalera, bioquímico farmacéutico, indica que “el medicamento induce a espasmos y contracciones en la parte del útero por lo cual se desaloja el feto. Se utiliza para lo que son las úlceras gástricas, pero como un efecto secundario produce esto. Lo que causa es: diarrea, dolor de cabeza, escalofríos, temblores muy fuertes. Pero, si la persona no es tolerante al medicamento se puede producir desgarros en toda la parte del útero. Muchas veces no suele salir exitoso por lo que solamente sale el feto sin la bolsa o quedan restos para lo cual hay que hacer una limpieza.”
“He usado un protocolo de la OMS, pero igual he tenido complicaciones, y lamentablemente se ha necrosado todo dentro de mi útero, me han practicado un legrado. La ginecóloga que me ha practicado el legrado, no sé si se ha dado cuenta que me induje un aborto y fue a propósito o negligencia, pero me ha dejado sin endometrio. Hasta ahora no menstruo bien y no puedo tener hijos”, cuenta Marta.
ABORTO ILEGAL
El aborto, ya sea inducido o espontáneo, presenta hemorragias y posteriores complicaciones en la salud de la mujer, por cada 1.000 cesáreas que se atienden, existen 173 casos de mujeres con hemorragias por aborto, según una investigación.
Esta práctica clandestina, ilegal e insegura, las expone a infecciones, perforaciones de útero, shock séptico, inflamación del peritoneo, entre otros riesgos. Al mismo tiempo, no reciben la atención necesaria en establecimientos de salud, mientras otras deciden no asistir por la ilegalidad de la práctica. Según un estudio, de cada 100 mujeres que tienen complicaciones por un aborto mal practicado, solo 66 llegan a los servicios públicos de salud.
“He sangrado demasiado al punto de desmayarme la persona que me estaba acompañando era muy violento. Me he tenido que levantar yo de la mancha de sangre del piso. Él estaba más ocupado en limpiar el charco de sangre de su casa que levantarme a mí del charco. Ha sido una experiencia realmente traumática”, relata Marta.
También están expuestas a violencia, agresiones físicas, sexuales y psicológicas, junto con la interferencia en la privacidad y la confidencialidad de las mujeres, lo que provoca que muchas no asistan a recibir asesoramientos o tratamientos.
En 2018, una adolescente de 15 años decidió adquirir medicamentos para abortar. Fue a una farmacia y el encargado (farmacéutico) le ofreció una intervención. Él la llevó a su casa, donde abusó sexualmente de ella. Días después, ante los dolores y el sangrado excesivo decide acudir a otro servidor de salud y resulta nuevamente violada.
Por un conjunto de factores, las mujeres se ven afectadas emocionalmente. El tener que acudir como última instancia a lugares clandestinos supone un peso emocional considerable, y un factor importante es la criminalización de la interrupción del embarazo y las condiciones en las que se practica. Aun si fuera la ILE, el Estado boliviano y los servidores de salud no consideran el apoyo psicológico y la salud mental como elemento importante en la intervención de embarazos, según una investigación de Arévalo y De la Gálvez,
Cinthya, psicóloga clínica que acompaña estos casos, menciona la importancia del acompañamiento psicológico para resolver miedos e inseguridades, antes, durante y después. Añade que “son experiencias muy dolorosas y traumáticas por el efecto en sus cuerpos. Es importante hacerle saber que no es su culpa, eso esencialmente para evitar que los estigmas a los que vayan a estar sujetas después no sean igual de agresivos ni aversivos”.
SALUD MENTAL
Se tiende a creer en la relación directa entre la interrupción del embarazo y la sintomatología depresiva y ansiosa, a lo que denominan síndrome postaborto. Sin embargo, numerosos estudios, como el de la médica Luciana Ramos Lira, investigadora adscrita a la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en México, mencionan que esas afirmaciones son erróneas y que los estudios que las confirman tienen errores metodológicos.
Cinthya confirma que “el síndrome postaborto no existe, no hay evidencia que respalde esa información, pero lo que sí existe es una tendencia a estigmatizar a las mujeres que abortan”.
El estudio muestra que no existe relación directa entre la interrupción del embarazo y afecciones emocionales como la depresión, pero sí un vínculo entre aspectos psicosociales, el estigma social o religioso sobre el aborto o la falta de una red de apoyo, y la práctica que determinarán trastornos mentales. En una investigación del Colectivo Rebeldía, el sentimiento más recurrente entre las mujeres era el miedo, en su mayoría profundamente ligado al castigo divino o a las consecuencias punitivas.
Con relación a esto, Jimena afirma: “Antes y después me sentía devastada, duró varios meses. Entré en un estado depresivo y ansioso por mucho tiempo. La percepción ‘moral’ de la gente, la desaprobación por tu decisión, llegaron a decirme (mientras estaba muriendo de dolor) que podían denunciarme y deberían hacerlo.”
Lo que se debe tomar en cuenta es la relación de la mujer con su entorno y las condiciones sociales y psicológicas por las que está pasando en ese momento. Mientras, la relación de la salud mental con un embarazo no deseado conlleva una carga emocional.
SALUD MENTAL EN BOLIVIA
La Sentencia Constitucional 206/2014 permite acceder a la ILE a través de una denuncia formal y el consentimiento informado, el resultado tendría que salir antes de las 24 horas para iniciar el procedimiento de interrupción, posteriormente tendrían que recibir asistencia y apoyo psicológico; sin embargo, tanto el procedimiento como el apoyo psicológico presentan obstáculos a la hora de ejecutarse.
En 2017, se registró el caso de una adolescente de 14 años, quien asistió por una hemorragia al Hospital San Juan de Dios en Chuquisaca, donde interrumpieron su embarazo. La adolescente sufrió daño psicológico severo, luego de que la enfermera dijera: “Te voy a denunciar y vas a ir presa por haberte provocado un aborto”, según Mutante.
Según datos de PPFA encuentran una relación entre el estigma social y los proveedores de salud. “En Nicaragua, el 64% de niñas entre 9 y 14 años encuestadas dijeron sentirse juzgadas y estigmatizadas por el personal de salud que las atendió.”
En el mismo medio, se recopilan los testimonios de dos niñas más. Una de ellas comenta que luego de contarle cómo la violaron, no le mencionaron la ILE como opción. Mientras, la psicóloga le enseñó a amamantar para luego decirle que se ponga un chip cuando nazca el bebé. Los testimonios retratados muestran la poca preparación de los profesionales encargados.
PSICÓLOGOS Y SESGOS
La relación del estrés, ansiedad y depresión, entre otras afecciones mentales y emocionales, está estrechamente ligada a la violencia de género, la falta de red de apoyos, los estigmas sociales en relación al aborto, el juzgamiento, prejuicios, el maltrato y por supuesto la criminalización de la práctica. Significa no poder recibir atención psicológica o el trato adecuado.
Marta habla sobre la relación del peso emocional y la penalización del aborto y menciona que el acceder a lugares y medicamentos inseguros probablemente genere un trauma permanente, ya que los métodos para la interrupción son inadecuados, desconocidos y peligrosos. Finaliza diciendo: “Seguramente países donde el aborto es legal no tienen que pensar en eso.”
Cinthya, quien ha tratado estos casos, confirma, mencionando que las condiciones del aborto clandestino influyen, debido a espacios de inseguridad, maltratos y saber que puedes morir o tener complicaciones por el resto de tu vida, afectando los niveles de ansiedad, estrés y provocando un trauma.
Las mujeres que pasan por esta situación lo hacen en solitario, resultado de ideas preestablecidas alrededor del tema. Lo que genera sentimientos de miedo, confusión, desamparo, pero sobre todo culpa.
“Lo más difícil para las mujeres que se encuentran en esta situación es sentirte sola. A mí me ha faltado esa persona que me diga que no era mi culpa, que todo iba a estar bien.”, dice Andrea. Y Lucia concluye: «Fue una situación decisiva en mi vida, me sentía culpable, confundida, asustada, incluso enojada conmigo misma”.
Cuando se enfrentan a este tipo de casos, mucho más en situación de clandestinidad, los psicólogos deben saber cómo abordarlos, para no incurrir en terapias fallidas que generen malestar crónico o consecuencias graves, explica Cinthya. “Tienen que manejarlo con mucha delicadeza porque normalmente llegan a consulta con un discurso de culpa y son culpas que se generan por el espacio que habitan o por las personas que frecuentan. Las veces que sucede que es por ellas mismas tiene que ver con el sistema de valores con el que han crecido y con el que sostiene su familia”. Añade que, para tratar estos casos, deben tomar en cuenta datos que contextualicen la vivencia de la persona.
Pero, las mujeres que han hablado con psicólogos sobre esta decisión se han sentido juzgadas, criticadas, por la existencia de un sesgo a la hora de la sesión terapéutica.
“He ido a dos sesiones específicamente por el aborto, en la primera no he podido hablar mucho porque no me sentía cómoda, en la segunda sesión intenté abordar el tema porque realmente necesitaba, y no me generó mucha confianza, me miraba con una mirada de desaprobación y solo me decía ‘y qué más’”, comenta Jimena, sobre la relación con los psicólogos. Mientras, Andrea comenta que pasó por algo similar.
“Lastimosamente no pude acceder a tratamiento psicológico, tenía miedo de contarle ese momento a quien entonces era mi terapeuta ya que no sabía sus posturas y tenía miedo de ser juzgada”, añade Lucia.
La psicóloga comenta que los profesionales deben ser éticos y no juzgar las acciones de la persona. “Lo que se está haciendo ahí es otro trabajo, es orientación muchas veces, otras se solicita contención, también hay casos en los que se trabaja con duelo, o, por ejemplo, resolución de conflictos. No hay una idea que se contrapone a otra y ayudarle a la persona a resolver estos duelos son parte de nuestro trabajo”.
Finalmente, aclara que existen muchos psicólogos que no son psicoterapeutas y dan terapia, lo que trae consecuencias graves y que es esencial incorporar la perspectiva de género en las terapias realizadas, que pueda permitir un análisis puntual de lo que la mujer está viviendo, para aplicar mecanismos que ayuden a mejorar la salud mental de la paciente.
Fuente/opinion.com.bo
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