María Amparo Carvajal Baños, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia con Personería Jurídica R.S. 191661 10-X-1979, fue al Servicio de Impuestos Nacionales a recabar una tarjeta denominada MASI y una certificación de inscripción, pero se sorprendió cuando funcionarios del SIN le dijeron que ya no figura como representante legal de la Asamblea de Derechos Humanos.
“Es lamentable el accionar de personas que se hacen pasar como representantes de nuestra institución como el señor Édgar Salazar Limachi, quien no representa a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”, se quejó Carvajal al gerente distrital del SIN en La Paz, Ranulfo Prieto Salinas, mediante una carta entregada el 10 de agosto.
Carvajal pidió a Prieto, siempre en la carta, que “rectifique el nombre del representante legal que figura en su sistema de nuestra institución lo más antes posible, ya que tenemos que realizar diferentes trámites. entre ellos, el pago de las AFP, la presentación de planillas mensuales ante el Ministerio de Trabajo y otros”.
La Presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos adjuntó a su carta la documentación respectiva que demuestra que es la única representante legal de la institución codiciada por el gobierno de Luis Arce y que encontró en Salazar Limachi, al personaje que primero haga paralelismo y ahora dé el paso inicial hacia un eventual desalojo de Carvajal de las oficinas centrales de Derechos Humanos, en la avenida 6 de Agosto de la ciudad de La Paz.
Fuente/brujuladigital.net
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