La inversión en el sector es apenas una fracción de la etapa pre pandemia. La crisis sectorial genera un efecto cascada en la economía de Tarija, Potosí y Chuquisaca. La venta de cemento indica el nivel de estancamiento desde la pandemia y la falta de proyectos.
La crisis económica proveniente de los efectos de la pérdida de regalías por IDH que generaron un decrecimiento del PIB desde el año 2014 en Tarija, sumada a la inestabilidad política y luego la prolongada pandemia, ha afectado de manera particular al sector de la construcción en la región según reconocen sus propios miembros agrupados en la Cámara de la Construcción y la Federación de Empresarios. Las ciudades del sur del país han sido las más afectadas por este fenómeno, porque hasta hace tres años se encontraban en plena expansión urbana y la caída ha sido abrupta, de acuerdo a las cámaras de la construcción de Sucre, Potosí y Tarija.
Un indicador que refleja la contracción del sector de la construcción es la venta de cemento, uno de los insumos esenciales para la edificación.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la venta de cemento no se recupera respecto de la caída sufrida el 2020 en toda la región sur del país. En el departamento de Chuquisaca, la caída del 2020 alcanzó un 22% y el año pasado apenas se recuperó un 2%, muy distante de las 306 mil toneladas de cemento vendidas el 2019. Hasta mayo de este año, las ventas muestran un ritmo menor (88 mil toneladas), apenas un 35% de lo vendido el año pasado.
En Tarija, la situación es aún más dramática, pues el departamento ya sufría un descenso de las ventas de cemento antes de la pandemia; el 2020, la venta de cemento cae de 250 mil toneladas en 2018 a 159 mil toneladas (-36%) y el 2021, recupera a 191 mil toneladas, lo que representa una caída global en estos últimos años de 24%. A mayo de este año, las ventas alcanzaron un 37% del total vendido el año pasado.
Potosí tampoco recupera la actividad de la construcción mostrado hasta 2019. El departamento fue el más dinámico en su crecimiento por la venta de cemento hasta 2019, no obstante, mostró una caída del 21% para el año 2020, con una leve recuperación del 9% el siguiente año. En Potosí, se mira con nostalgia las 170 mil toneladas de cemento vendidas el 2019, hasta mayo de este año, las ventas alcanzaron 63 mil toneladas, apenas un 43% de lo vendido el año pasado (146 mil).
“Si analizamos el sector del cemento, es obvio que los indicadores con respecto al 2020 son mejores, pero el análisis con respecto al 2019 continúa marcando una importante caída”, sostuvo el gerente general del Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón (IBCH), Marcelo Alfaro al portal ConstruMarket.
Aunque en el año 2021 el sector tuvo un pequeño repunte con relación a 2020, todavía se encuentra muy lejos de alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria. “La inversión pública en infraestructura ha caído prácticamente a cero y no llega la ansiada reactivación económica, estamos a media gestión y hasta ahora no hay licitaciones”, explica por su parte Sergio Solíz Valencia, presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Chuquisaca.
En el caso de Tarija, la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO) ha reportado que hasta el 80% de sus asociados ha tenido que migrar a otros departamentos para poder sostenerse, porque la inversión en infraestructura en el sector público tarijeño no arranca y además existe una mora en los pagos por parte de la Gobernación y las alcaldías que hacen inviable la sostenibilidad de las empresas, de acuerdo a Julio Alemán, presidente de la CADECO tarijeña.
Algo similar está ocurriendo en el departamento de Potosí, donde, de acuerdo al Presidente de la Cámara Departamental de la Construcción, Edward Castro, cada vez son más las empresas potosinas que cambian de residencia buscando sobrevivir. “En CADECO estamos registradas 135 empresas y de estas el 90% estamos actualmente sin fuente laboral, estamos inactivas”, explicó.
Castro estima que a estas alturas del año, la inversión pública en infraestructura es apenas una décima parte de lo que se registraba en los años previos a la pandemia. El mayor repunte en la construcción en la región, reflejado en las ventas de cemento que se produjo entre los años 2017 y 2019 (ver cuadro).
Dinamizador de la economía
La construcción es uno de los rubros que más aporta a la economía de las regiones, básicamente por su capacidad para generar empleos directos e indirectos. Se estima que en su mejor momento, 2019, el sector de la construcción generó aproximadamente 465 mil empleos directos y un millón de empleos indirectos. Siempre de acuerdo a los datos del INE, para agosto del año 2021 la cifra de empleos directos había disminuido a 391 mil personas.
“El sector de los trabajadores en construcción se ha paralizado totalmente, porque las empresas no tienen obras. Quizás ahora se está reactivando poco, pero todavía no es que pueda generar suficiente empleo para el sector”, sostuvo Efraín Ramos, Secretario General de la Federación Departamental de los Trabajadores de la Construcción de Tarija.
Se estima que, en 2019, el sector de la construcción involucró de manera directa a otros 17 sectores entre los que se encuentran el transporte, la industria de materiales de construcción, producción de áridos, alquiler de maquinaria… y un largo etcétera, por lo que la crisis de la construcción ha generado un efecto cascada en la economía de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija.
Salidas a la crisis
Los entrevistados coinciden que para reactivar el rubro de la construcción en la región sur del país es necesario recuperar la inversión pública en infraestructura paralizada por la pandemia.
Al declararse la emergencia sanitaria en todo el país en el año 2020, los recursos de la inversión pública en los gobiernos subnacionales fueron destinados esencialmente al combate a la pandemia. Sin embargo, el rubro de la construcción considera que es tiempo para la reactivación económica. Las empresas constructoras y los trabajadores esperan que las obras se reanuden en el segundo semestre de este año para aportar con su trabajo a la recuperación económica de la región.
La economía tarijeña en problemas antes de la pandemia
Hasta el año 2014 la economía departamental contó, a excepción de algunos periodos, con un elevado crecimiento. Eran los años de bonanza para los precios internacionales de las materias primas en general y el petróleo en particular. El año 2013, el último con un elevado crecimiento, la economía departamental se expandiría en 11,3%. Sin embargo, la situación cambiaría dos años después.
El año 2015 el PIB departamental cayó en 2,73%, el siguiente año en un 6,15%, hasta llegar el 2019, en el que la caída fue de 5,97%. En términos absolutos esto significa que si para el 2014 el PIB de Tarija (a precios corrientes) alcanzó los 31 mil millones de bolivianos, para el 2019 este había caído hasta los 21 mil millones de bolivianos. Es decir, la economía se contrajo en casi un tercio.
En el caso de la tasa de subocupación, esta también se incrementó, pasando 3,79% a 12,26% entre marzo y agosto de este año
La importancia de la economía tarijeña fue tal que incluso, el año 2013, llegaría a ser la tercera economía del país, por encima de Cochabamba, aportando el 14,29% del valor global del PIB nacional. Sin embargo, en 2019 este aporte disminuyó a 4,2%.
Una valoración más cautelosa de la economía departamental, sin embargo, implica diagnosticar el crecimiento de la economía tarijeña sin considerar la extracción de gas natural. En este escenario se puede evidenciar que entre 2015 y 2018 la economía decreció a una tasa anual promedio de 4,7%. Siendo el peor año el 2016, en el que la economía se contrajo un 18%, mientras que el 2017 y 2018 hubo un crecimiento positivo.
Sin embargo, el año 2019, la economía departamental tuvo nuevamente una contracción de un 4%, lo que tuvo que ver principalmente con la caída de la producción de alimentos, el comercio y el transporte. Ese año el crecimiento negativo fue compartido con los departamentos de Chuquisaca y Potosí.
Ahora bien, al considerar la política departamental y la de los municipios de Tarija, no puede dejarse de lado la renta petrolera y su vital importancia para las finanzas públicas, ya que, en el caso del presupuesto de la gobernación, más del 75% proviene de regalías y del IDH, mientras que en el caso de los municipios este aporte es superior al 80%.
Cómo crear y prolongar una crisis en pocos pasos
Un “incontrolable” goteo de dinero
Entre 2011 y 2014 los precios de los hidrocarburos se elevaron por encima de los 100 dólares el barril mientras Bolivia incorporaba nuevos yacimientos y pozos como el de Margarita, aunque no mercados. En Tarija supuso una duplicación de los recursos disponibles, llegados además fuera de planificación. El equipo del entonces gobernador interino Lino Condori ideó una fórmula: transferir a descentralizadas y subgobernaciones para licitar proyectos particulares.
El fin de la fiesta
El método Condori sirvió para agilizar las ejecuciones presupuestarias, pero a la hora de la verdad, se habían comprometido más de 18.000 millones atendiendo solo a la disponibilidad de los adelantos y a una certificación presupuestaria del Ministerio de Economía que preveía que todo seguiría viento en popa. En octubre de 2014 los precios empezaron a bajar. En enero de 2016 el barril estaba por debajo de los 30 dólares. Las regalías se esfumaron y no hubo como pagar los proyectos en marcha.
Austeridad y fin del motor publico
El bajón de regalías dejó docenas de obras comprometidas sin disponibilidad presupuestaria para pagos, que se fueron demorando. Decenas de pequeños proyectos quedaron impagos y muchas empresas se vieron obligadas a cerrar. Los trabajadores quedaban sin empleo y con deudas por cobrar. Las nuevas políticas impusieron el criterio de la austeridad, que detuvo el gasto público, afectando también a empresas de servicio, hostelería, etc., y sin inversión en nuevas obras, el motor departamental frenó en seco. Han pasado más de seis años desde entonces.
Fuente/elpais.bo
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