El gobierno de Evo Morales utilizó el término “cártel de la mentira” para afectar la credibilidad de los medios críticos con el MAS.
El gobierno de Luis Arce identificó hace unos meses una supuesta “corporación mediática” que presuntamente “modula la verdad”, en términos del vocero presidencial Jorge Richter. Durante el gobierno de Evo Morales, el exministro Juan Ramón Quintana utilizó el término “cártel de la mentira” para afectar la credibilidad de los medios críticos con el MAS.
Los medios identificados por ambos gobiernos fueron Página Siete, El Deber, Los Tiempos, la agencia ANF y otros.
El portal de noticias Brújula Digital llevó a cabo un ejercicio para conocer cómo la actual gestión del Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Comunicación, distribuye la publicidad estatal desde la posesión de Arce en noviembre de 2020 hasta julio de este año, luego de un un análisis de los contratos que se publican en la página del Sicoes.
La semana pasada se informó que los medios con más publicidad estatal son los canales ATB y Abya Yala, con más de un millón de bolivianos en promedio al mes. Esa cifra no toma en cuenta otros contratos con empresas estatales e instituciones autárquicas, entre otras, y sólo incluye los que entrega el Viceministerio de Comunicación.
En sentido contrario, numerosos medios obtienen contratos de publicidad por montos muy reducidos o simplemente están marginados de esas campañas.
Entre los que están por completo al margen de las campañas estatales se encuentran Página Siete, Los Tiempos, El Diario y ANF. Portales digitales como Brújula Digital o Cabildeo tampoco firmaron contratos con el Estado.
Otros reciben montos reducidos: medios con reconocida trayectoria e incidencia en las audiencias como las radios Fides y Erbol, además de El Deber, Unitel, Red Uno y otros firmaron contratos con el Ministerio de la Presidencia, pero por montos limitados.
Por ejemplo, radio Erbol suscribió contratos por 276.000 bolivianos desde el inicio del gobierno de Arce, es decir menos que la radio Bartolina Sisa (aliada al MAS), que en ese mismo periodo registra convenios por 297.000 bolivianos.
El Deber suscribió contratos por un monto de 179.200 bolivianos, mientras los diarios La Razón y Extra percibieron cuatro millones de bolivianos.
La Estrella del Oriente tiene contratos por 527.000 bolivianos y La Palabra del Beni, por 517.500.
Bolivia TV, ATB y Abya Yala se llevan la mayor parte.
La estatal Bolivia TV se lleva el 27% de los servicios publicitarios del Gobierno, seguido de la red ATB, que tiene el 16% y Abya Yala, 11%.
Entre noviembre de 2020 y julio de 2022, el canal estatal percibió 52,4 millones de bolivianos por difusión de publicidad y transmisión de los actos del presidente Luis Arce, según el recuento de los contratos.
La red ATB percibió al menos 31,9 millones de bolivianos, mientras Abya Yala, 22,5 millones, es decir, entre los tres medios recibieron el 54% de la publicidad del Ministerio de la Presidencia.
Durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019) se denunció la asignación de la publicidad estatal con base en criterios de afinidad política, lo que fue calificado por periodistas como intentos de realizar “asfixia económica” contra los medios independientes.
Ahora se repite ese escenario, se “castiga” a los medios que forman parte de la llamada “corporación mediática” y se beneficia con contratos millonarios a los medios considerados afines al Gobierno, según Brújula Digital.
Fuente/paginasiete.bo
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