Se revisaron un total de 327 casos de feminicidios y violaciones que estaban en los juzgados de Ejecución Penal; en 141 se encontraron irregularidades. Se desconoce el detalle de los casos que fueron revisados.
En un spot publicitario de menos de dos minutos, el Gobierno presentó un resumen del trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios que, durante 120 días, vio los casos de feminicidas y violadores que fueron liberados pese a tener sentencia.
El audiovisual presenta varios datos que pretenden ser triunfalistas, pero que carecen de contexto. Por ejemplo, refiere casos revisados y observados, pero no aclara qué porcentaje corresponde a qué delitos. Tampoco el porqué sólo se emitieron 51 órdenes de aprehensión, cuando los casos observados son casi el triple. El Polígrafo, la cruzada contra la desinformación conformada por Asuntos Centrales, Bolivia Verifica, Correo del Sur, El País, F10, La Palabra del Beni y Página Siete, de la mano del Colectivo de Investigación de Código Abierto, Data Crítica, solicitó el reporte oficial del trabajo de la comisión para profundizar en las cifras del audiovisual publicitado. Pese a las varias solicitudes por múltiples vías, ninguna obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.
Tampoco es fácil acceder a información de feminicidios y violaciones, pues no hay datos abiertos, sino reportes de varias instancias estatales que en algunos casos no coinciden.
Detallamos a continuación y sometemos al análisis las cifras dadas en el video publicado el 5 de junio de 2022, desde la cuenta de Facebook del Viceministerio de Comunicación.
Dato 1: “De un total de 327 casos revisados, se identificaron 141 observados”
Este año, a raíz de la indignación popular por el caso del feminicida y violador serial Richard Choque Flores, el Gobierno activó una comisión interorgánica para revisar 327 casos de feminicidios y violaciones. No existe precisión respecto a qué cantidad de lo revisado corresponde a cada delito.
Si se compara la cifra (327) con el registro de feminicidios en el país, el número es solo una tercera parte de los 998 registrados desde 2013 -año en el que entró en vigencia la figura- hasta febrero de 2022, mes de arranque del trabajo de la comisión.
A junio de este año, el total de mujeres víctimas de feminicidas llegó a 1.034, si se suman los datos que la Fiscalía General remitió al Senado a petición de la parlamentaria Andrea Barrientos y el último reporte público del Ministerio Público de la Nación. El total sobrepasa el dato conocido y manejado por las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.
La comisión no hizo públicos los datos con los que trabajó. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en distintas ruedas de prensa, dijo que uno de los talones de Aquiles es la falta de sistematización de una sola base de datos.
“Como otro de los pilares fundamentales se tiene la obligatoriedad -desde ahora- de interoperar los sistemas del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de Régimen Penitenciario, para que exista una base sólida, consolidada, donde no exista posibilidad de manipulación de la información. Donde manejemos una única base de información para nuestras acciones. Recordarán que en una de las primeras reuniones de la comisión se vio que una de las principales falencias tenía que ver con que cada entidad manejaba datos distintos y dispersos”, remarcó la autoridad durante la presentación del último informe de la comisión, el 3 de junio.
De los 327 casos revisados, se observaron 141, lo que delata un mal manejo sistemático en el sistema de justicia en el país. La cifra muestra que casi la mitad de lo examinado tenía al menos una irregularidad.
Prada, quien encabezó la misión, detalló que los casos observados son: de La Paz (68), Santa Cruz (27), Cochabamba (25), Oruro (6), Potosí (6), Pando (5), Tarija (3) y Chuquisaca (1). Los datos no están en el spot promocionado en redes sociales, de forma paga.
La comisión dejó en claro, desde el inicio, que se abocaría a los casos con sentenciados libres, decisión que dejó fuera a decenas de víctimas.
¿Cuántos feminicidios están “con condena” en Bolivia?
Los datos publicados por la comisión revisora no responden a esta pregunta, pero sí lo hace el informe de la Fiscalía remitido al Senado, que evidencia que los casos con condena en el país sólo representan el 25,85%. Aunque sus cifras superan las conocidas hasta ahora y los términos usados no son uniformes.
Desde 2013 se registraron 998 feminicidios. De ese total, 258 están “con condena” (54 cerrados, según el informe) y 73 con “sentencia” (ninguno cerrado).
La abogada María Elena Attard explica que cuando el estado de un caso es “con condena” es porque que ya se está ejecutando la sentencia; esta puede ir en casación, es decir revisión, hasta el Tribunal Supremo de Justicia, lo que alarga la agonía de la familia de la víctima.
Incluso, una condena ejecutoriada no es garantía de paz, porque el feminicida puede lograr algún beneficio y salir antes de prisión, muchas veces de manera irregular; tal como se constató a partir del caso del feminicida y violador Richard Choque.
¿Qué pasa con el resto de casos, entre desestimados, rechazados, sobreseídos, con salida alternativa, en juicio, entre otros?, ¿qué ocurrió con los diez procesos con “salida alternativa”? Un millar de familias en Bolivia golpeadas por los feminicidios transita por ese camino de la justicia cuesta arriba.
La mayor cantidad de feminicidios se concentran en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, donde apenas una quinta parte de esos crímenes -en los dos primeros casos- y una tercera parte, en la Llajta, lograron condena; esos debían estar entre los revisados al constatarse que había feminicidas libres pese a sentencias dictadas y reincidencia.
Dato 2: “Se emitieron 51 órdenes de aprehensión, 21 personas fueron recapturadas”.
El spot señala que de 327 casos revisados un total de 141 fueron observados por distintas irregularidades. Añade que -hasta la presentación del informe final- por estos casos se emitieron 51 órdenes de aprehensión. No se precisa en qué departamentos o por qué casos. Tampoco se detalla cuántos corresponden a feminicidios y cuántos a violaciones.
“No hay un informe final, público, que dé datos sobre cuáles son esos 141 casos, de dónde son, en cuáles se emitió órdenes de aprehensión ni qué pasó con los otros 90”, reclama la representante de las Familias de Víctimas de Feminicidio en Busca de Justicia, Estela Quintana.
La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (Sepmud), Wendy Pérez, miembro de la comisión, explica que en los restantes 90 casos las irregularidades vistas no requerían una recaptura. “Eran otro tipo de irregularidades en los que todavía se están haciendo procesos”.
En una entrevista dada al canal estatal la noche del 3 de junio, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, hizo referencia a las 51 órdenes de aprehensión pero no desglosó la cifra.
Entre los datos dados por la comisión figura la recaptura de 21 feminicidas y violadores. Se desconoce si son parte de las 51 órdenes de aprehensión o no. Esto implica que 30 o 50 agresores y asesinos de mujeres permanecen en las calles.
“Hemos pedido una lista de los feminicidas y violadores con orden de aprehensión y cuáles fueron recapturados pero no hay los nombres”, dice Quintana.
Los datos más precisos se desprenden de la “Rendición inicial de cuentas 2022” del Ministerio de Gobierno, presentada en abril pasado. Lamentablemente están incompletos, ya que recoge sólo los casos de los primeros 60 días del trabajo de la comisión.
En ese lapso, según indicó el ministro Eduardo del Castillo, se realizaron 14 recapturas, ocho corresponden a feminicidas y dos a violadores. Otros cuatro son por asesinato, delito que no fue investigado por la comisión.
“Dentro de este grupo hemos logrado recapturar al señor Richard Choque, en La Paz, y al violador de 150 mujeres Abram Peters Dick, en Santa Cruz”, sostuvo la autoridad. Según sus reportes, también se recapturó a los feminicidas Ariel Moya, César Zepita, Lionel Cortez, Rubén Centellas y Félix Ferrer.
La información del avance en las aprehensiones y la lista de los recapturados fue solicitada a dicha cartera de Estado, pero se indicó que la vocería del tema le corresponde a la ministra de la Presidencia. En busca de una institución independiente, se solicitó información a la Defensoría del Pueblo, donde hubo la misma respuesta.
Consultada por estos datos, en un evento público Prada señaló: “Los casos que se revisaron fueron los que tenían a feminicidas y violadores que no estaban cumpliendo con su sentencia por procedimientos irregulares y con la intervención de consorcios. A partir de ahí se hizo un trabajo de revisión (…) y se procedió a las recapturas que, en este momento, siguen en aumento. El trabajo continúa (…) no solo para revisar casos, sino para dar resultados concretos”.
Para Quintana, madre de una víctima de feminicidio, las percepciones sobre el trabajo de la comisión son diferentes. Para ella, sin un informe público y la lista de casos que fueron revisados, además de la de todos los feminicidios del país, no hay certeza del trabajo que se realizó.
“Hemos presentado una nota con nuestros casos, además de un anteproyecto de ley, pero ninguna de las dos cosas fueron tomadas en cuenta. Con esta, ya se han creado tres comisiones y a las mujeres nos siguen violando y matando”, sostiene.
“Han quedado temas pendientes de recaptura, se está trabajando en eso. Va a haber un espacio para informar sobre el trabajo que queda pendiente”, insiste Pérez.
Dato 3: “Se intervinieron el 100% de los juzgados en Ejecución Penal, más de 80% de los jueces procesados, 10 jueces y 8 fiscales destituidos”.
El spot señala que como resultado de la comisión, se intervino al 100% de los uzgados de Ejecución Penal. Pero ¿cuánto significa esto en números?.
Según un informe del Consejo de la Magistratura, hasta 2020 había 865 juzgados y tribunales en Bolivia, de los cuales 567 están en las ciudades capitales del país (65%) y 298 en las provincias (35%). Del total, 27 son juzgados y tribunales Anticorrupción y Violencia contra la Mujer y 18 juzgados de Ejecución Penal.
Estos últimos se distribuyen de la siguiente manera: uno en Tarija, tres en Cochabamba, cuatro en Santa cruz, uno en Oruro, uno en Pando, uno en Beni, uno en Chuquisaca, cuatro en La Paz y uno en Potosí. Todos, en las ciudades capitales más El Alto.
“Ese 100% de intervención de los juzgados, que son 18, posibilitó la revisión de 327 casos en tres etapas. A partir de ahí se identificó irregularidades en procesos llevados por los jueces de Ejecución Penal, que liberaron a feminicidas y violadores con sentencia”, explicó Prada.
Cada juzgado tiene un juez, es decir que se evaluó el trabajo de 18 jueces. Esto equivale al 1,6% de los 1.095 jueces del país.
Como resultado de la intervención, Prada manifestó que el 83% de los jueces de ejecución penal fueron procesados, es decir 15 de los 18, ya sea por la vía penal o por la vía administrativa. Diez de los 15 procesados fueron destituidos, el resto enfrenta un proceso disciplinario.
Pero, ¿quiénes son los jueces destituidos?, ¿qué casos llevaron?, ¿de qué departamentos de Bolivia son? Estos datos son parte de la información que la comisión no ha hecho pública. Más allá del caso del juez Rafael Alcón, que dio libertad a Richard Choque, se desconoce el resto.
Tras la intervención de los juzgados de Ejecución Penal, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, dijo que se revisó más de mil expedientes y se encontró 266 casos de responsabilidad penal por actos irregulares de los jueces. Producto de ello, según informó, se instauraron 76 procesos. No detalló qué cantidad eran por feminicidios o violaciones.
En consecuencia la sala plena determinó la destitución de 11 jueces y un proceso disciplinario para los siete restantes. Estos datos fueron emitidos en marzo, tres meses antes de la presentación del informe de la comisión.
Las cifras son mayores a las presentadas por Prada. Esta diferencia podría deberse a que la intervención de la Magistratura tomó otros casos, además, de los revisados por la comisión.
No obstante, por la falta de apertura en el trabajo que hizo la comisión y por el escueto acceso a datos públicos en el país, no es posible precisarlo.
Por tanto, hasta que no se modifiquen estas circunstancias, seguirá la búsqueda de respuestas sobre el trabajo realizado por la comisión para combatir la violencia que ya cobró más de mil vidas en el país.
1.034
MUJERES
fueron víctimas de feminicidas desde 2013, cuando se tipifico este delito.
Solicitudes sin respuestas
El Polígrafo y los siete medios que lo conforman, se pusieron en contacto con diferentes entidades públicas en búsqueda de la información oficial que pueda aclarar las interrogantes respecto al trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios y Violaciones.
Las solicitudes, verbales y escritas, fueron hechas a los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía General, al Consejo de la Magistratura, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Justicia Plural. Ninguna tuvo una respuesta.
Sobre la comisión
En enero, la Policía Boliviana aprehendió a Richard Choque sin saber que era un violador y feminicida serial que pese a tener una condena de 30 años de cárcel estaba en libertad.
Una marcha partió desde el domicilio de Choque en El Alto, donde se encontró el cuerpo de dos de sus víctimas. La protesta que pedía justicia y un alto a la impunidad de los feminicidas llegó hasta la sede de Gobierno.
Al día siguiente de la marcha, el presidente de Bolivia, Luis Arce, instruyó la creación de una comisión que revise los casos de feminicidios y violaciones en el que los sentenciados hayan sido liberados de forma irregular.
A cargo de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la comisión tuvo su primera reunión en la Casa Grande del Pueblo. Varios grupos de activistas y organizaciones llegaron, pero no fueron recibidas.
En la cuarta reunión de la comisión estuvieron al menos 13 representantes de diferentes instituciones públicas. Se informó que se recapturó a 10 de los femincidas y violadores liberados.
Luego de 120 días de trabajo, la comisión presentó su informe final. Se indicó que el trabajo será plasmado en una memoria escrita y de acceso publico, que hasta la fecha, casi dos meses después, no existe.
#ElPolígrafo es un trabajo coordinado por Bolivia Verifica y la Fundación para el Periodismo con el apoyo de CAPIR. Participan Asuntos Centrales, Correo del Sur, El País, F10, La Palabra del Beni y Página Siete.
Fuente/paginasiete.bo
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