Exigen detalle de casos de trata y tráfico en Tarija

El departamento no cuenta con un reporte disgregado en el que se clasifique variables como la edad o el género, lo que es necesario para planificar un plan de acción inmediato y a mediano plazo

Luego de casi dos años, esta semana sesionó el Consejo Departamental Contra la Trata y Tráfico de Personas, donde la sociedad civil hizo el llamado para que las instituciones llamadas por ley trabajen un informe detallado sobre los casos atendidos desde el 2020 hasta la fecha, a fin de elaborar un plan de acción más efectivo.

El Ministerio Público y la Fuerza Anticrimen presentaron cifras que corresponden al 2021, cuando se atendió un total de 130 casos, mientras que en la presente gestión suman 48 las denuncias. De este número, 20 fueron rechazadas, 19 están en etapa preliminar de la investigación y 9 en etapa preparatoria para ir a un juicio oral.

Lo que no se ha establecido con claridad son las variantes de sexo o edad de las víctimas. Tampoco se han determinado las causas por las que hay 20 denuncias rechazadas y existe la posibilidad de que no estaban adecuadas al tipo penal de trata, pero eso no significa que no se haya tratado de un ilícito, como la explotación sexual.

Demora El Consejo Departamental no ha sesionado desde 2019, lo que tiene un impacto en los resultados

“Un informe general no visibiliza la realidad, hemos pedido un informe disgregado correspondiente a las gestiones 2020, 2021 y 2022, que estos datos se den considerando la edad, el sexo y la etapa procesal en la que se encuentra. Esto es importante para saber cuántas víctimas hay, en dónde se debe enfocar la mayor incidencia de prevención”, dijo Carolina Ortiz en representación de la Red Departamental Contra la Trata y Tráfico de Personas.

Una vez que se tenga identificado el tipo penal, las edades y sexo de las víctimas, por ejemplo, en explotación laboral infantil, se podrá definir la necesidad de intensificar los operativos e inspecciones para detectar los sitios donde trabajan.

Plan de trabajo

El Consejo Departamental está encabezado por la gobernación y convoca a las alcaldías, Ministerio Público, Dirección de Migraciones, Policía Departamental, Defensoría del Pueblo y sociedad civil. Una de las conclusiones fue elaborar un plan de acción inmediato y otro quinquenal, con base en el análisis de las proyecciones de casos.

Para ello se conformó tres comisiones que en una fecha a programarse trabajarán por tiempo y materia, empezando por identificar cuáles son las falencias en la atención de casos y qué se debe mejorar en todas las instituciones llamadas por ley a luchar contra este flagelo.

“El Consejo no ha sesionado desde 2019, entonces tenemos a cada institución trabajando por su lado (…) Se ha entregado un informe que la Red ha realizado en 2021 porque Tarija no cuenta con un diagnóstico actual situacional de este y delitos conexos, no es solamente trata y tráfico, es el tráfico ilícito de migrantes, pornografía infantil, violencia sexual y proxenetismo. El plan quinquenal tiene que responder a una realidad que vive el departamento en capital, provincia y especialmente en ciudades fronterizas”, añadió.

Una vez que se tenga identificado el tipo penal, las edades y sexo de las víctimas, por ejemplo, en explotación laboral infantil, se podrá definir la necesidad de intensificar los operativos e inspecciones para detectar los sitios donde trabajan.

Fronteras

Ortiz indicó que una de las motivaciones para que la Red exija que el gobierno departamental convoque finalmente a una sesión es la situación que se vive en las fronteras, en sitios como Aguas Blancas o Salvador Mazza, o por los pasos clandestinos por donde circulan diariamente cientos de personas. Es por eso que entre las acciones urgentes de prevención exigen reforzar estos sitios.

Una década de Ley sin resultados

La Ley 263 es la consagrada a la Lucha Contra la Trata y Tráfico. Esta normativa promulgada en julio del 2012 tiene el objetivo de combatir delitos de trata y tráfico consolidando medidas de prevención, persecución y sanción. La Ley cumple una década sin que se haya logrado desactivar las redes que operan en el país, especialmente en el área rural.

Sin embargo, en el departamento existen aún muchas falencias; una de las principales se relaciona con la falta de personal y control por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía en las fronteras, a pesar que se ordena a ambas instituciones coordinar el patrullaje en esta zona.

Fuente/elpais.bo