El tribunal rechazó la solicitud de que el banco español se haga cargo, antes de su salida, del stock de deuda, por lo que el Estado se haría responsable de más de $us 100 millones en aportes no cobrados.
El Estado boliviano deberá pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) $us 94,8 millones como indemnización por la nacionalización de sus acciones en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión, un monto que es seis veces mayor a los $us 15 millones que inicialmente pidió la empresa española.
Este pago fue definido en el laudo emitido el 12 de julio pasado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el proceso arbitral iniciado por el banco español contra Bolivia en 2018.
El tribunal “ordena a la demandada que pague a la demandante la suma de $us 94,8 millones a título de indemnización”, cita uno de los 11 puntos del fallo, que también instruye al Estado boliviano un pago a BBVA de $us 10,21 millones por intereses.
Los $us 94,8 millones fijados por el Ciadi para la compra de las acciones de BBVA en la AFP Previsión están por encima de los $us 15 millones que pidió el banco español en 2010, monto que fue rechazado por el Gobierno, que a su vez lanzó en 2012 una contrapropuesta de $us 500.000.
“Para el Tribunal es indiscutible el retraso injustificado de Bolivia en llevar a cabo la nacionalización del servicio de administración de pensiones. Ha pasado más de una década desde que la Constitución ordenó el traspaso del servicio a manos del Estado en febrero de 2009, y 11 años desde que se promulgó la Ley de Nacionalización en diciembre de 2010, sin que la Gestora haya entrado en operación”, cita parte del documento.
El fallo “muestra el fracaso de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), y del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, que en más de 11 años no han podido hacer funcionar la Gestora Pública”, afirmó Gustavo Rodríguez, director de la Organización para la Seguridad Social Flora Tristán.
La Procuraduría General del Estado sostuvo que las pruebas para la defensa del Estado “no fueron valoradas” por ese tribunal.
“A la fecha, las entidades competentes del Estado coordinan responsablemente las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales; al considerar que este fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea”, indicó la entidad estatal.
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Al respecto, el abogado internacionalista Sergio Alberto Fernández consideró que, a diferencia de lo que ocurre en otras cortes internacionales, los fallos del tribunal del Ciadi “no permiten apelación ni recursos de segunda instancia”.
“Ya tenemos un laudo arbitral que sienta jurisprudencia y no quedan muchas acciones para el Estado boliviano en foros internacionales (…). Ahora, lo que toca es cumplir”, subrayó.
“El Estado boliviano ha de continuar con su defensa para que se puedan tomar nuestros argumentos y las pruebas presentadas”, declaró ayer el vocero presidencial Jorge Richter.
El analista Alberto Bonadona, consideró que el Gobierno aún puede llegar a “algún tipo de acuerdo” con la demandante, debido a que todavía hay temas pendientes entre las partes.
Rodríguez apuntó que el arbitraje presentado por BBVA se basó principalmente en que Bolivia incumplió con el trato justo y equitativo para todos los inversores españoles establecido en el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) que suscribió el Estado boliviano con España en 2001.
BBVA argumentó que “no recibió ese trato, porque se ha nacionalizado el derecho a dar el servicio” y porque, durante los más de 11 años que dura el proceso de transición, sus inversiones y trabajo pierden valor en Bolivia. Durante este proceso, el banco español “se considera casi un cautivo del Estado boliviano, porque no puede vender sus acciones ni irse del país”, indicó el experto.
Otro revés que recibió Bolivia en este proceso arbitral es la negación de su pedido de que el accionista mayoritario de Previsión se haga cargo del stock de deuda.
“El Tribunal encuentra que imponer a BBVA, como condición de salida de Bolivia, la restitución de stock de deuda cuando la APS no ha iniciado un proceso sancionatorio y mucho menos ha comprobado la negligencia de la AFP en el recaudo de los aportes en mora, demuestra que es una medida de la demandada fundada en el capricho y no en normas legales”, indica el documento del Ciadi.
Ese monto se encontraba en torno a los $us 100 millones, según informó en 2011 del entonces ministro de Economía, Luis Arce.
El fallo puso en emergencia al Movimiento de Emergencia Nacional y la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones, que desde un congreso convocado de urgencia en Santa Cruz informaron a EL DEBER que el sector iniciará marchas y bloqueos ante el riesgo de que los aportes de los trabajadores puedan ser destinados al pago de la indemnización a BBVA y a la jubilación de gremiales que no aportan al sistema.
Fuente/eldeber.com.bo
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