“Golpe I y II”: Con una justicia independiente desde Evo hasta exlegisladores serían investigados

Los abogados penalistas Eusebio Vera y Williams Bascopé dijeron que los casos “golpe I y II” son procesos políticos, nada serios, ni objetivos.

Con una administración de justicia y una investigación fiscal independientes, Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Teresa Morales, Eva Copa, hubieran sido investigados en los casos “golpe I y II”, pero estamos frente a “juicios montados”, “selectivos” y “políticos”, sostienen los abogados penalistas William Bascopé y Eusebio Vera.

Ninguna exautoridad del gobernante Movimiento al Socialismo es investigada por la crisis política que se desató tras las elecciones nacionales de octubre de 2019, ni siquiera las presuntas víctimas del “golpe de Estado”, es decir, Evo Morales y Álvaro García Linera.

El abogado Bascopé dijo que las exautoridades del oficialismo no están en los procesos sencillamente porque son “juicios montados y políticos”, juicios a los que se ha prestado la Fiscalía General del Estado.  

Es evidente que no van a tocar a “ningún adepto” del MAS, porque está dirigido a “eliminar opositores” y a “limpiar la cara de Evo Morales” ante la comunidad internacional, para mostrarlo víctima de un “golpe de Estado inexistente”.

Si habría coherencia, las personas que participaron en las reuniones de la Universidad Católica Boliviana (UCB) debieran ser investigadas, no solo los opositores. Eso significa, las exlegisladoras Susana Rivero, Adriana Salvatierra y la exministra Teresa Morales, que negociaron la huida del entonces presidente de Bolivia, además la transición constitucional, sostuvo Bascopé.

El jurista Eusebio Vera comparte este criterio, dice que las exlegisladoras y la exministra participaron en esas reuniones en representación del MAS y consiguientemente “facilitaron la asunción de Jeanine Añez a través del diálogo con los opositores, con el objetivo de pacificar el país.

Precisó que la tesis del Ministerio Público plasmada en la imputación formal dice que deben ser investigadas todas las personas que tuvieron una participación directa o indirecta, bajo ese razonamiento no solo los opositores debieran ser llamados a declarar como testigos o sindicados, sino los oficialistas.

Es más, dijo que el exsenador Omar Aguilar y la expresidenta del Senado Eva Copa, que continuaron las negociaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, también deben ser investigadas, al final “entre los del MAS han disfrutado del poder en esa época que presidía la presidencia Jeanine Añez. Han disfrutado las mieles del poder”.

Citó que entre el Ejecutivo y Legislativo aprobaron leyes que dieron certidumbre a la situación política del país, como la ley de convocatoria a las elecciones nacionales, la ley de ampliación de mandato para todos los niveles de gobierno, incluso le ampliaron el mandato a Jeanine Añez, reconociendo su jefatura de Estado.

También existen decretos supremos, sentencias y declaraciones constitucionales que reconocieron a Añez como la presidenta del Estado, en un proceso de transición constitucional, sostuvo Vera.

Aunque para Vera y Bascopé, esto es imposible porque existe una estrategia “selectiva” de investigación en los casos “golpe I y golpe II; se selecciona a quiénes se va a llamar a declarar, quiénes son testigos, imputados y finalmente sentenciados.

“Porque es una investigación direccionada por el órgano Ejecutivo”, identificó a los ministros de Gobierno y Justicia, Eduardo Del Castillo e Iván Lima, respectivamente, en una clara y directa injerencia en los casos “golpe I y golpe II”, dijo Vera.

Comentó que hay varios ejemplos de esa injerencia, la información privilegiada que tenía las autoridades políticas sobre las audiencias, el inicio del juicio, entre otros, pese a que ni siquiera las partes eran notificadas.

“Esos factores nos llevan a la siguiente conclusión, esa investigación no es objetiva, no es transparente, no es seria, no es científica. Es parcializada”, sostuvo el penalista que también llegó a ser abogado de dos militares en el caso “golpe II”, hasta que ambos se acogieron al proceso abreviado.

Morales y García Linera, “víctimas” que no testificaron

Vera y Bascopé cuestionaron por separado a la Fiscalía porque ninguna de las supuestas “victimas” contra quienes se propició el golpe de Estado, es decir, Evo Morales y Álvaro García Linera, no fueron convocados a declarar en ninguno de los casos.

“Para la defensa a quienes yo patrociné nos llamó la atención de forma muy especial, que, en más de un año, siete meses y tres días no se reciba las declaraciones de las supuestas víctimas: Evo Morales y Álvaro García Linera”, sostuvo a la ANF.

Bascopé cuestionó: “Si hubo un golpe de Estado por qué Evo y García Linera no declararon, ¿por qué no declararon si se dicen víctimas? No declararon porque en un tribunal independiente no hubieran podido explicar su huida”.

Acotó que ambas exautoridades debieran ser sometidas a un juicio por “abandono de funciones”. El 10 de noviembre, los entonces mandatarios renunciaron a través de un video grabado y dejaron sus cartas de dimisión, en medio de la crisis política.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó sus cartas de renuncia recién en enero de 2020, luego de casi dos meses. Morales y García Linera abandonaron el país el 11 de noviembre y se asilaron en México.

Por otra parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que el 2019 lideró las protestas tampoco fue convocado a declarar, pese a ser “el principal sindicado y denunciado, precisó Vera.

Los abogados penalistas creen que existen factores políticos y funcionales que determinaron que la máxima autoridad del Ministerio Público pese a sus prerrogativas y competencias no investigue la presunta ruptura del orden constitucional el 2019.

No fue la Fiscalía General del Estado que inició de oficio las investigaciones, sino a denuncia de la exdiputada Lidia Patty del MAS. En noviembre de 2020, tras la victoria del oficialismo, la entonces legisladora interpuso la denuncia por sedición, terrorismo y conspiración.

En esa oportunidad, denunció a Camacho, a su padre y a jefes militares y policiales, posteriormente amplió contra la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros. Cuatro meses después la exmandataria estaba siendo detenida por el denominado “golpe de Estado”.

Bascopé sostiene que esto demuestra que el “fiscal se arrima al que tiene poder político (…). El fiscal ha jugado a mantenerse en el poder siendo funcional a quienes estaban en el poder”.

Recuerda que, tras la denuncia de Morales, inmediatamente, Lanchipa ordenó la detención de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los vocales departamentales, incluso los mandó a la cárcel; pero cuando el MAS volvió al poder cerró el caso “fraude electoral”.

Vera sostiene que Lanchipa “estuvo de acuerdo con todo a partir del comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional, que declara sobre la sucesión constitucional

“Lanchipa como fiscal general, si hubiera considerado que era un gobierno dictatorial, tenía todas las atribuciones para intervenir en ese momento”, sin embargo, estaba de acuerdo con todo lo que se hizo durante el periodo de transición.

Lo más preocupante –sostiene Bascopé- es que esta conducta genera desconfianza en la institución, la población pierde confianza en las entidades que están llamadas a hacer cumplir la ley por encima de los intereses político.

“El fiscal general devalúa la institución por perseguir solo a opositores y no aplicar la ley para todos”, acotó, en definitiva “estamos frente a la desinstitucionalización”, comentó.

El Ministerio Público durante el proceso de investigación desdobló el caso denunciado por Patty, en “golpe I” y “golpe II”, en este último fueron sentenciados Añez y jefes militares y un jefe policial, por haber asumido la presidencia de manera inconstitucional. 

Después de más de un año la Fiscalía estableció que Añez fue una presidenta “de facto” e inconstitucional, porque no siguió la línea de sucesión constitucional.  

Fuente/ANF/noticiasfides.com