Defensor del Pueblo: en 3 años Cruz administró un presupuesto de Bs116,4 millones

De la gestión 2020 a la 2021 la asignación presupuestaria para el ente defensorial bajó de Bs 41 millones a 36,7 millones, pese a que la institución incorporó a su estructura al Servicio para la Prevención de la Tortura.

En tres años de gestión interina, la defensora del Pueblo Nadia Cruz administró un presupuesto de 116,4 millones de bolivianos. Según la rendición de cuentas de la gestión 2021, en el año pasado hubo una  disminución del presupuesto, pese a que se incorporó a la institución un servicio que antes dependía del Ministerio de Justicia.

“Prácticamente el presupuesto  (anual) de la Defensoría del Pueblo representa sólo el servicio personal (sueldos). Este pago significa un 52% del presupuesto, si sumamos las consultorías en línea llegamos a un 80%”, manifestó el secretario general de la Defensoría del Pueblo, Luis Fernando Munguía Sánchez, en la rendición final de cuentas 2021.

Detalló que la institución defensorial cerró  2021 con 220 servidores públicos en la administración central, en las nueve delegaciones departamentales y en las nueve coordinadoras regionales. De este total, 92 eran consultores en línea y 128 trabajadores de planta. Aclaró que la cifra es un promedio.

116,4 millones en tres años

El 30 de enero de 2019, tras una polémica renuncia del titular, Nadia Cruz fue designada como defensora interina del Pueblo, cargo en el que permanece hasta la fecha. Con poco más de tres años, su gestión se convirtió en el interinato  más largo en el cuarto de siglo de vida de la institución.

En este tiempo, según los  datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep), además de los estados financieros y  las rendiciones de cuentas publicas de la entidad, la gestión de Cruz recibió una asignación total de 116,4 millones de bolivianos. De este monto, se ejecutaron 109,2 millones.

El monto para 2019 se asignó en la gestión de David Tezanos Pinto, pero fue Cruz quien lo ejecutó. De acuerdo con los estados financieros,  ese año la Defensoría del Pueblo tuvo un presupuesto vigente de 38,6 millones de bolivianos, de los cuales 36,5 millones  provenían del Tesoro General de la Nación (TGN). 

Otros dos millones tuvieron como origen donaciones externas como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la actividad en Materia de Población y Suecia. En esa gestión, de los 38,6 millones de bolivianos se ejecutaron 36 millones.

 El presupuesto asignado más alto del quinquenio fue el de 2020. Ese año se tuvo un presupuesto de 41 millones de bolivianos. La rendición final  ya no incluye donaciones externas. La ejecución fue del 93,3%, es decir  38,3 millones de bolivianos.

Ya para 2021 el presupuesto cayó a 36,7 millones de bolivianos, incluso por debajo del presupuesto de 2019. Pero éste es el presupuesto final, el inicial era de 36 millones de bolivianos.

El incremento llegó en octubre con 716.685 bolivianos. Este monto adicional se debió a que  la Defensoría del Pueblo absorbió al Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), que antes dependía del Ministerio de Justicia. La institución asumió al personal, los activos y los pasivos.

Una disminución del 10%

“Si hacemos una comparación con los recursos que teníamos en 2020 -con 41 millones de bolivianos- y la de 2021 con 36 millones, vemos que hemos sufrido un decremento del 10,41%. No sólo se debe a temas económicos que afectaron en todo el país, sino a un plan de reactivación económica que impulsa el Gobierno con un recorte a nivel estatal. En ese marco, la Defensoría también tuvo que sufrir este recorte”, afirmó Munguía.

El monto asignado es aún menor al del Ministerio de Culturas, cartera que tiene el presupuesto más bajo del Gabinete.

Munguía indicó que este decremento de unos cinco millones  de bolivianos tiene repercusiones en el funcionamiento de la entidad.

Afirmó, por ejemplo, que afecta los sueldos del personal, el mantenimiento de los predios o de los equipos,  la contratación de consultores en línea o la presencia de la institución en las diferentes regiones del país, etc.

“El recorte no impidió lograr las metas, pero hay que aclarar que no puede mantenerse. Hay que ver la posibilidad de aumentar recursos porque a futuro  puede crear problemas en cuanto a solvencia, a no poder alcanzar  las metas o no tener presencia en algunos lugares. Corresponde realizar acciones”, indicó.

¿Cuánto ganan los 220 servidores públicos?
La Defensoría del Pueblo tiene 18 oficinas en todo el país, además de los predios de la administración central en la sede de Gobierno. En ellas funcionan nueve delegaciones departamentales y otro número similar de coordinadoras regionales (El Alto, Montero, Warnes, Puerto Suárez, Monteagudo, Riberalta, Yacuiba, Bermejo, Tupiza, Villazón, Llallagua y Uyuni).

En todas estas instalaciones, a diciembre de 2021, trabajaban alrededor de 220 servidores públicos. De ellos 128 tenían ítems: 54 en la oficina central, 54 en las delegaciones defensoriales departamentales y 20 en las regionales.

Otros 92 eran consultores en línea: 36 en la central, 36 en las departamentales y 20 en  regionales. Cabe resaltar que éstos son sólo los que estaban contratados en diciembre de 2021, a lo largo de año hubo 113 contrataciones a consultores.

De acuerdo con la escala salarial de 2021, última publicada en el portal de la Defensoría, la máxima autoridad tiene un sueldo de 20.500 bolivianos, mientras que los delgados adjuntos, 19.385. El sueldo del Defensor es de 1.055 bolivianos menos que en 2018 y 2019.

En la escala ejecutiva, los delegados defensoriales cuentan con un sueldo de 18.000 bolivianos; el secretario general, 17.141 bolivianos;  el delegado I o jefe de unidad, 16.000 bolivianos; el jefe de unidad I o coordinador I,  14.600.

En el nivel ejecutivo, el sueldo más alto es el del delegado o coordinador II, que ganan 13.720 bolivianos al mes. El sueldo más bajo es de 5.020 bolivianos y corresponde a un administrativo o chofer categoría II. Un chofer I gana 7.150.

Un profesional I gana 10.360 bolivianos, mientras que un profesional III, 8.620.

En 2021, los sueldos del personal de planta costaron 20,5 millones de bolivianos. El costo de las consultorías asciende a siete millones. En total, en personal,  asignan 27,4 millones de bolivianos al año, un 79% del presupuesto.

Por el recorte presupuestario, el monto asignado a sueldos bajó de 31,8 millones de bolivianos (2020) a 27,4 (2021).

El destino del presupuesto en 2021

Además del pago a personal, de acuerdo con los gastos de 2021,  anualmente la Defensoría paga 6,4 millones de bolivianos por bienes y servicios. En este rubro están los  alquileres de  oficinas departamentales y regionales, los insumos de operación, el mantenimiento de predios o equipos, etc.

Adicionalmente, un millón  de bolivianos es destinado al pago de servicios básicos, como luz, agua, teléfono, internet, etc. A diferencia de años anteriores, en 2021 no hubo compra de activos fijos. Esta partida tampoco tuvo fondos durante 2020.

Para esta atención administrativa se hicieron 247 procesos de contratación que fueron publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales. De éstos, 158 procesos fueron contrataciones menores por un monto total de 3,8 millones.

65 procesos  estuvieron bajo la modalidad ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo). El costo invertido en estos contratos fue de 6,4 millones de bolivianos. Otros 24 procesos se hicieron de forma directa. El monto adjudicado fue de 2,8 millones de bolivianos. En todos los casos el ente financiador fue el TGN.

Munguía explicó que en el marco de la ayuda humanitaria (gastos médicos, alimentos, insumos, etc.) se usaron 18.050 bolivianos. Este monto no salió del presupuesto sino de aportes  del personal u organizaciones externas.

2021: récord en atención de casos de vulneracionesPara la Defensoría el Pueblo,  2021 fue el año en el que se batió el récord del quinquenio en la atención a denuncias por vulneración de  los derechos humanos. Según la rendición final de cuentas, los casos llegaron a 15.970.

“En 2021 es cuando tenemos el récord  del quinquenio, con 15.970 quejas registradas a nivel nacional”, dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

En 2017, el ente defensorial recibió alrededor de 10.000 denuncias, mientras que para   2018 se redujeron a cerca de 9.000. Ambos años corresponden a la gestión del entonces defensor  del Pueblo  David Tezanos Pinto, cuyo nombramiento fue muy criticado por  no tener el mejor perfil de todos los postulantes. En 2019 y 2020, pese a la crisis política y  sanitaria, los casos se mantuvieron en los 12.000.

Si bien en los tres años de interinato, Cruz  trabajó en temas de  cárceles, trabajo sexual, diversidades sexuales y otros, su gestión fue muy criticada por su falta de acción en temas políticos.

Exdefensores y especialistas en derechos humanos observaron que mostró su “parcialidad” con el MAS al callar en al menos 10 hechos que afectaban a ese partido. Los casos identificados son: los excesos de la Policía contra manifestantes en octubre de 2019, la muerte de dos cívicos en Montero, el deceso de Limbert Guzmán en Cochabamba, la muerte de Julio Llanos, el ataque en Vila Vila, la emboscada de Playa Verde, la quema de recintos policiales,  la muerte del sargento Alcón, la quema de viviendas, los bloqueos que impidieron el paso de oxígeno en 2020 y el caso Las Londras.

Fuente/paginasiete.bo