Las rutas aéreas y marítimas se han convertido en las preferidas de los narcotraficantes, según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). La hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor para el Atlántico
Las autoridades europeas reportaron entre 2020 y 2021 un incremento “sin precedentes” de las incautaciones de cocaína procedente de Bolivia y Perú, según el informe mundial presentado ayer por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo asesor de Naciones Unidas basado en la Convención de 1961.
Según el reporte, las rutas aéreas y marítimas para el tráfico de drogas se han convertido en las alternativas preferidas para eludir las restricciones a los viajes por tierra. “Los traficantes han recurrido cada vez más al uso de avionetas para transportar cocaína entre Bolivia a Brasil, Paraguay y Perú”, puntualiza el reporte presentado en Viena por Jagjit Pavadia, una especialista india que estuvo a cargo de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas de su país.
El JIFE “también ha observado el uso de aeronaves privadas para trasladar droga dentro de la región y hacia Europa”. Además, señala que “el sistema fluvial Paraguay-Paraná, formado por 3.400 kilómetros ininterrumpidos de ríos que conectan Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay con el Atlántico, “parece haberse consolidado como puerta de entrada para el transporte de la cocaína fabricada en Bolivia y Perú a los mercados internacionales de cocaína a través de puertos ubicados en Brasil y Paraguay”.
De hecho, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) sigue desde 2017 las rutas que emplean los narcotraficantes, especialmente brasileños para colocar esa droga boliviana en el viejo continente.
Desde entonces, según un informe de Europol, se han ejecutado dos gigantescos operativos con la participación de agentes especiales de 10 países europeos y sudamericanos, además de la DEA de Estados Unidos. El más reciente tuvo lugar el 15 de febrero, pero no contó con la participación de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia. Esas dos operaciones permitieron la captura de unas 90 personas y la confiscación de 12 toneladas de cocaína que fue enviada vía marítima a varios países de Europa.
“A finales de 2020 y a lo largo de 2021, las autoridades europeas se incautaron de cantidades sin precedentes de drogas que llegaban en contenedores enviados desde puertos de América del Sur. También están llegando cantidades cada vez mayores de cocaína procedentes de esta región a África, que se está convirtiendo en un punto de tránsito importante para las drogas fabricadas en América del Sur, que luego se redirigen a los mercados de drogas ilícitas de Europa y otras regiones vecinas”, apunta al respecto el reporte de la JIFE presentado ayer en Viena.
Mientras ese documento se divulgaba desde Europa, el presidente Luis Arce inauguró las operaciones destinadas a la erradicación de coca excedentaria en Chimoré, el corazón del trópico de Cochabamba y de las organizaciones de productores de coca que respaldan al MAS.
Anticipó que este año se deben erradicar 10.000 hectáreas de cultivos de coca en Chapare y Yungas. “No solo vamos a erradicar, sino también vamos a implementar un programa de reforestación de áreas protegidas con el fin de cuidar el medio ambiente. Nuestro modelo soberano no solo se basa en el diálogo y la concertación, también en el respeto de los derechos humanos y medio ambiente”, remarcó Arce tras señalar que cuando la DEA estuvo en el país “se criminalizó al productor”.
El JIFE señaló que en los últimos años la cantidad de coca se incrementó en un 15%. “Las principales razones asociadas a ese aumento guardan relación con la inestabilidad política y la pandemia que han frenado las actividades de erradicación en las zonas no autorizadas y han disminuido la racionalización en las zonas de producción autorizadas”, señala.
En 2021 se erradicaron 9.457 hectáreas de coca para reducir la cifra récord que se registró entre 2019 y 2020, cuando la cantidad de esas plantaciones superaron las 29.000. Desde 2017, en Bolivia sólo se pueden producir hasta 22.000 hectáreas, pero el límite fue superado desde entonces.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ayer volvió a culpar al gobierno de Jeanine Áñez por el incremento de los cultivos y la paralización de la erradicación que se produjo al inicio de la pandemia, cuando se declararon cuarentenas en casi todo el planeta.
Para este año, el Gobierno desplegó 1.750 efectivos militares, policiales y civiles para erradicación y asignó Bs107 millones para cumplir con esas tareas.
Fuente/El Deber
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